DECLARACIÓN DE LA AAJ DENUNCIANDO LA REPRESIÓN Y DE TERRORISMO DE ESTADO EN COLOMBIA

La AAJ declara que en Colombia se agrava la violación de los derechos humanos, intensificada por la brutal represión de los manifestantes pacíficos en el marco del Paro Nacional, por parte de la Policía, otros organismos de seguridad del Estado y la colaboración de grupos armados irregulares.

Esa es la respuesta gubernamental para imponer el paquete legislativo neoliberal que incluye ajustes fiscales, consolidación de prácticas extractivas de los recursos naturales a favor de las corporaciones y multinacionales,con reformas a la administración de la justicia, facilitadora de laxitud legal para la imposición de esas medidas lesivas a los intereses nacionales.

En este contexto, denunciamos que la política estatal, remozada con nuevas técnicas y tecnologías de represión, en los que participaron agentes de la fuerza pública, según datos de las ONG Temblores e Indepaz, deja un saldo del 28 de abril al 28 de junio, de 3.486 casos de violencia policial, 28 víctimas de violencia sexual, 83 personas con lesiones oculares, 75 asesinatos, incluyendo 44 homicidios, siendo tres de las víctimas agentes de policías y un funcionario de la FGN.

De estos asesinatos, 29 han ocurrido en la ciudad de Santiago de Cali, laboratorio de experimentación de nuevas modalidades de terrorismo de estado. Sólo el 26 de junio, en un operativo contra un emblemático sitio de resistencia civil en esta ciudad, Puerto Resistencia, un millar de miembros de las fuerzas especiales de la policía, el escuadrón móvil antidisturbios y el ejército, todos con fusiles de asalto, tanquetas, helicópteros y drones, incursionaron contra la población como un ejército de ocupación en su propio país. Se realizaron allanamientos a viviendas y al punto de salud de la Misión Médica sin orden judicial; así como numerosas capturas irregulares y abusivas de jóvenes del sector para individualizarlos, primer paso a persecuciones, montajes judiciales y desapariciones forzadas.

 

El director de la Policía Metropolitana, reconoció que la brutal incursión también tenía como propósito clausurar una biblioteca popular y destruir una edificación cultural erigida por artistas de la ciudad en homenaje a la resistencia popular, lo que constituye un atentado estatal a bienes culturales protegidos por el derecho internacional.

 

Es un mal precedente simbólico e institucional que, en este operativo, el Secretario de Seguridad, un oficial retirado del ejército, violando la constitución, haya comandado el operativo con un arma de fuego exhibida en su cintura, reafirmando el paramilitarismo en el país.

 

En el mismo modus operandi, el 3 de julio, en la denominada “Toma social”, más de mil efectivos militares y de policía en una clásica acción cívica militar, han ocupado la Comuna 20 de Cali, Sector Siloé, otro sitio emblemático de resistencia en el Paro Nacional que los jóvenes habían entregado pacíficamente. Este operativo coincide con la conmemoración del asesinato de los jóvenes Kevin Agudelo y José Emilson Ambuila y de decenas de heridos cometidos por la fuerza pública el 3 de mayo.

 

Por tanto, la AAJ:

  1. 1. Llama a los órganos de las Naciones Unidas y del Sistema Interamericano a pronunciarse contundentemente contra estas violaciones ejecutadas por el gobierno de Colombia;
  2. Exige se garantice el respeto a la protesta pacífica, a la vida y a los bienes de los manifestantes;
  3. 3. Exige el respeto de la Carta de la ONU, los pactos internacionales de derechos políticos, civiles , económicos, sociales y culturales;
  4. Exige llevar al poder judicial a los autores materiales e intelectuales de las graves violaciones a los derechos humanos
  5. 5. Llama a que la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, a través de su oficina en Bogotá, verifique el respeto a los derechos y libertades fundamentales del pueblo colombiano durante las jornadas de manifestación pacífica;
  6. Llama a que el Relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, la Relatora Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, el Relator Especial sobre el derecho a la privacidad, el Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, el Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, cada uno en el marco de su mandato, presten especial atención a las violaciones de los derechos y libertades fundamentales en Colombia y que consideren la posibilidad de una visita al país.

4 de julio de 2021

Vanessa Ramos, Presidenta AAJ Continental; Luis Carlos Moro,  Secretario General; Beinusz Szmukler, Presidente del Consejo Consultivo de la AAJ

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